Alberto Martínez Octubre 31 2025
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En el Senado de la República, representantes de distintos grupos parlamentarios coincidieron en la urgencia de aprobar durante este periodo legislativo la Ley Trasciende, una propuesta ciudadana que busca despenalizar la eutanasia en México.
La iniciativa fue presentada por Samara Martínez, paciente con una enfermedad crónico-degenerativa, quien desde hace más de una década vive las limitaciones de un cuerpo que, dijo, se apaga lentamente, pero también se enfrenta a la resistencia de una sociedad que no le permite decidir cuándo y cómo despedirse.
“Mi cuerpo ha sido mi campo de batalla, pero mi enfermedad también ha sido mi maestra más grande de vida. He aprendido que la vida no se mide por los días que respiramos, sino por la dignidad con la que vivimos. Es por esto que vengo a pedirles, desde lo más profundo de mi alma y de mi corazón, que hagamos posible una ley que garantice la dignidad hasta el último respiro de la vida”, dijo ante senadores y organizaciones civiles.
Martínez subrayó que la propuesta no busca promover la muerte, sino humanizarla.
“Busca que ningún mexicano o mexicana tenga que morir sufriendo con dolor, con miedo, pero sobre todo con agonía, o con la angustia de ver a su familia destrozarse mientras el cuerpo se apaga lentamente. Hablamos de eutanasia, sí, pero también hablamos de libertad, de compasión y de justicia, de reconocer que morir con paz también es un derecho”, afirmó.
Durante el acto, la vocera entregó el documento y las firmas de 128 mil personas que la respaldan. “Me permito entregarles la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, en donde se modifica el artículo 166 y donde agregamos el octavo TER, donde se legalice y se despenalice la eutanasia”.
Samara Martínez apeló a la conciencia del Congreso y del país. “¿Por qué se nos tiene que obligar a vivir con sufrimiento cuando médicamente ya no hay más que hacer? Les pregunto de frente, directamente, pero con amor y respeto: ¿por qué seguimos criminalizando la compasión? Espero que esto sea solo el inicio de un trabajo colectivo que priorice la dignidad y la autonomía humana sobre cualquier ideología”, expresó.
La vocera reiteró que la Ley Trasciende no busca imponer ideologías, sino garantizar que quienes viven con enfermedades terminales tengan la libertad de decidir. “México necesita que su Congreso esté a la altura de su pueblo. El sistema de salud nos ha fallado, la medicina nos ha fallado, pero espero que ustedes, senadores y senadoras, no nos fallen”.
A su lado, senadores de Movimiento Ciudadano, Morena y el PRI manifestaron públicamente su apoyo y disposición a debatir el tema en este mismo periodo.
Luis Donaldo Colosio, senador por Movimiento Ciudadano, destacó que la iniciativa representa un avance moral y jurídico en favor de los derechos humanos.
“Esta iniciativa no es solo una actualización legislativa, es un proceso de humanización nacional. Lo que nos convoca hoy no es nada más y nada menos que la vida real: la vida de quienes cargan con un dolor que no cede, de las familias que aman y cuidan hasta el cansancio, de los profesionales de la salud que quieren aliviar el sufrimiento, pero se topan con límites que promueven innecesariamente el dolor”, afirmó.
Colosio sostuvo que “hablar de la muerte es también hablar de cómo queremos vivir hasta el último día, con autonomía, con compasión y con dignidad. La tarea del Congreso de la Unión es y siempre debe ser escuchar con respeto, reconocer el sufrimiento que existe, darle causa con reglas claras y con humanidad”.
En entrevista con Milenio, el legislador agregó que existen las condiciones para aprobar la ley antes de que concluya el periodo ordinario.“Claro que es posible. Después de revisar la iniciativa la hemos encontrado bastante bien hecha; tiene puntos que se han recogido desde hace muchos años para que pueda realmente tropicalizarse al andamiaje legislativo que tenemos en México. Creo que, como bien dice mi compañera Margarita (Valdez), es una cuestión de voluntades. Hemos visto piezas legislativas que avanzan prácticamente de la noche a la mañana. Esto realmente es un tema de voluntades, y yo creo que la gran mayoría de los grupos legislativos que conformamos este Senado estamos de acuerdo y a favor de que se apruebe en este mismo periodo”.
La senadora Reyna Celeste Ascencio Ortega, integrante del grupo parlamentario de Morena, destacó que el debate exige sensibilidad y compromiso ético. “Legislar el derecho a una muerte digna dentro del marco jurídico nacional”, dijo, es una necesidad impostergable. “Estaremos analizando la posibilidad de introducir en la Constitución el derecho de la muerte digna, como acceso a la voluntad anticipada para las personas que estén enfermas con padecimientos incurables o en fase terminal, y por esa razón decidan trascender dignamente”.
Subrayó que en el Congreso “no podemos ignorar las historias de sufrimiento y de agonía que viven miles de familias. Debemos asegurar que cada persona tenga la libertad de decisión sobre su cuerpo y sobre su vida, especialmente cuando enfrenta una enfermedad incurable y con un dolor insoportable.
“Desde esta trinchera del Poder Legislativo, tu causa la asumimos como nuestra. Y estaremos analizando la forma para que este derecho se pueda convertir en una realidad, para ti, para todas las personas que como tú están padeciendo de una enfermedad sin cura, porque vivir con dignidad implica también tener el derecho a no ser obligado a sufrir”.
Por su parte, la senadora Margarita Valdez Martínez, también de Morena y presidenta de la Comisión de Gobernación, recalcó que la lucha por la muerte digna forma parte de una causa histórica por los derechos humanos.
“Esta lucha por los derechos humanos no empezó ayer ni antier. Esta lucha ya tiene mucho entre las corrientes progresistas aquí en México, pero siempre, por una razón o por otra, aún en las legislaturas recientes, ha habido intereses mezquinos, vengan de donde vengan, pero son mezquinos que se oponen por una cosa o por otra. Porque nos sentimos dueños de la vida de los demás”, declaró.
Valdez afirmó que no se necesitan más foros para entender la urgencia del tema. “Difiero un poquito de quienes quieren hacer mesas de expertos: aquí están los expertos, aquí están los que saben. No necesito más, que me lo avale el experto rimbombante de la asociación interamericana. No. Soy médica de formación y me ha tocado ver la vida y la muerte de las y los mexicanos”, enfatizó.
En entrevista posterior, la legisladora sostuvo que el proceso puede avanzar con rapidez. “Los procesos legislativos algunos son muy lentos y algunos otros, con la voluntad, pueden avanzar rápidamente. Aquí hemos estado platicando, socializando con los senadores y las senadoras de las diferentes bancadas, y hasta ahorita todavía no hay alguien que nos diga que no esté de acuerdo en apoyarlo. Es cuestión de que se hace la iniciativa, se lleva el proceso, se mete, propone, a las comisiones correspondientes”.
Desde el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, la senadora Claudia Anaya coincidió en la necesidad de una regulación clara que evite la criminalización del personal médico. “Estamos a un paso de la despenalización de los médicos que participen en los procedimientos, que deben ser avalados por un comité de bioética médica sobre expediente. No es que una persona llegue a un hospital y se forme y diga quiero que me apliquen la eutanasia y diga ‘ya no quiero vivir’. No funciona así”, precisó en entrevista.
Añadió que el principal obstáculo ha sido la carga penal que pesa sobre quienes asisten a los pacientes terminales.. “Lo que ha detenido es la carga penal, porque, como pasaba con el tema del aborto, si una mujer se practicaba el aborto o criminalizabas a la mujer o al médico y les fincabas una responsabilidad penal. Hoy en día pasa eso en algunas entidades federativas respecto a los médicos que practiquen la eutanasia activa”, dijo.
“Esto no es una promoción para la muerte. Es simplemente una alternativa para las personas que la ciencia médica ya no puede ayudarles en diagnósticos para una enfermedad terminal y, para la cual, ya no hay un tratamiento posible”.
Durante la conferencia, el activista, AurélienGuilabert, integrante de una coalición ciudadana por la muerte digna, explicó que la desigualdad se refleja también en los últimos días de vida.
“Todos los días se practica la ayuda para morir en México, pero ¿quiénes tienen acceso a ella? Personas con dinero o con contactos. La desigualdad ante la muerte es una realidad”, sostuvo. Recalcó que el derecho a morir con dignidad se sustenta en cuatro ejes: la interrupción voluntaria de tratamientos, la voluntad anticipada, el acceso a cuidados paliativos y la ayuda médica para morir, ya sea eutanasia o suicidio asistido. Recordó que solo 5% de los pacientes que requieren cuidados paliativos en México los reciben, lo que prolonga innecesariamente el dolor.
De aprobarse, esta iniciativa colocaría a México entre los países que reconocen el derecho a morir con dignidad, como Países Bajos, Bélgica, España, Canadá y Colombia. No se trata de un debate ideológico, coincidieron los presentes, sino de una decisión ética y humana. “Legislar sobre la vida y la muerte no es un acto político, es un acto de amor, de ética y de responsabilidad histórica”, afirmó Martínez, mientras entregaba el documento que podría transformar, por primera vez en México, el modo en que se entiende el final de la vida.