Alberto Martínez Septiembre 19 2025 |  |
El informe “Salvaguardar el Deporte de la Corrupción: Enfoque en los países de las Américas y el Caribe”, presentado en 2025 por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), subrayó que “la manipulación de partidos y las apuestas ilegales están frecuentemente vinculadas con redes criminales que utilizan el deporte para blanquear dinero”.
El documento advirtió que esta realidad pone en riesgo la integridad de las competiciones y abre espacios a la infiltración de grupos delictivos organizados en distintas disciplinas y categorías.
El reporte enfatizó que “la corrupción en el deporte en las Américas y el Caribe es cada vez más sofisticada, sistemática y transnacional, sobre todo a medida que aumenta el papel de los grupos delictivos organizados”.
Esta evolución, añadió, amenaza el impacto social y económico positivo que históricamente ha tenido el deporte en la región, y mostró que la vulnerabilidad afecta tanto a ligas profesionales como a divisiones inferiores, incluidas las competencias femeniles y juveniles, donde el monitoreo es limitado y los deportistas reciben presiones o amenazas para participar en arreglos de resultados.
En el caso de México, el informe destacó que el país cuenta con un marco legislativo anticorrupción que incluye la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, además de una guía nacional publicada en 2018 para prevenir malas prácticas en federaciones y asociaciones deportivas.
Sin embargo, persistieron riesgos relacionados con transferencias de atletas, conflictos de interés y malversación de recursos.
En abril de 2025, la Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Fútbol abrió una investigación por manipulación de resultados en el Mazatlán Femenil, que derivó en la suspensión inédita de seis años a una jugadora, con base en los códigos éticos de la FIFA y de la propia federación.
Durante la presentación del informe, Juan Manuel Ferrer, director de la Comisión Disciplinaria, detalló que entre 2025 y 2026 se investigaron 21 partidos en 15 clubes de distintas divisiones, con 60 jugadores y jugadoras implicados y 10 sancionados (nueve hombres y una mujer), con suspensiones de entre 2 y 16 años que sumaron un total de 68 años de castigo.
“Se ha trabajado en la posibilidad de que a la brevedad se incluya en la legislación un tipo penal específico contra la manipulación de partidos, en coordinación con la UNODC y con el Poder Legislativo”, afirmó.
Las experiencias regionales reforzaron esta preocupación. En Brasil, tras los escándalos de manipulación de partidos, en 2023 entró en vigor la Ley General del Deporte, que obligó a operadores de apuestas a reportar irregularidades y permitió que la Policía Federal desarrollara operaciones como Jogo Limpo y Spot Fixing, con imputaciones contra jugadores y directivos. En Panamá, el caso del dirigente Ariel Alvarado impulsó medidas de transparencia que incluyeron auditorías externas y protocolos de integridad.
En Ecuador, la UNODC y la Liga Pro organizaron en 2025 un taller nacional que derivó en la publicación de un Manual de Buenas Prácticas para blindar las competencias frente a la corrupción.
En Paraguay, la Asociación Paraguaya de Fútbol estableció en 2024 un Centro Integrado de Información junto con la Policía Nacional y el Ministerio Público, lo que permitió allanamientos y la detención de seis personas vinculadas a amaños de partidos.
“Los resultados demuestran que la corrupción en el deporte no conoce fronteras y que la respuesta debe ser igualmente global y coordinada”, afirmó Graciela Garay, directora de Ética y Cumplimiento de la CONMEBOL.
A su vez, Evangelos Alexandrakis, del Comité Olímpico Internacional, señaló que “las apuestas deportivas legales e ilegales plantean riesgos crecientes y requieren marcos regulatorios sólidos y cooperación internacional efectiva”.
La UNODC advirtió que los riesgos aumentan de cara a los grandes eventos internacionales, en particular la Copa Mundial de 2026 que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.
Por ello recomendó tipificar la manipulación como delito, establecer auditorías periódicas, fortalecer comités de ética independientes y consolidar mecanismos de cooperación regional.
El objetivo, de acuerdo con el informe, es “cerrar espacios de vulnerabilidad y fortalecer la integridad del deporte en todas sus expresiones”.
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