La OMS en el límite: cómo la retirada de Estados Unidos y el desplome del financiamiento amenazan la respuesta de emergencia global en 2026

Alberto Martínez   Abril 2 2026

La organización que coordina la salud de 8.000 millones de personas necesita casi 1.000 millones de dólares para enfrentar 36 emergencias este año, mientras su mayor donante histórico le da la espalda. El impacto llega también a América Latina.

Ciudad de México, abril 2, 2026.- En febrero de 2026, la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzó su llamamiento anual de emergencia más urgente en años recientes. La cifra solicitada —casi mil millones de dólares— refleja la magnitud de un mundo que acumula crisis sin que el sistema internacional de respuesta sanitaria consiga avanzar al mismo ritmo. La petición debe leerse, sin embargo, con una capa adicional de complejidad: el mayor donante histórico de la organización, Estados Unidos, formalizó su retirada de la OMS el 20 de enero de 2026, dejando un agujero financiero y político de proporciones sin precedentes en la arquitectura de la salud global. Para América Latina y para los países de renta media y baja que dependen de estas redes de respuesta, las consecuencias ya son palpables. Y podrían agravarse sustancialmente si la comunidad internacional no actúa con la misma velocidad con que se están desmoronando los pilares que sostienen esa arquitectura.

La radiografía de lo que la OMS enfrenta en 2026 es, en sí misma, un retrato de la inestabilidad geopolítica y climática contemporánea. El llamamiento global de este año busca responder a 36 emergencias sanitarias activas en todo el mundo, de las cuales 14 están clasificadas como Grado 3, la categoría que exige el nivel organizativo más alto de la institución. Entre las zonas prioritarias figuran Afganistán, la República Democrática del Congo, Haití, Myanmar, el territorio palestino ocupado, Somalia, Sudán, Sudán del Sur, Siria, Ucrania y Yemen, además de brotes activos y persistentes de cólera y viruela símica —denominada mpox— que no reconocen fronteras ni acuerdos de paz. El doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS, subrayó que este llamamiento no es caridad sino una inversión estratégica en salud y seguridad; que el acceso a atención médica en zonas de conflicto restaura la dignidad, estabiliza comunidades y abre caminos hacia la recuperación. Son palabras con peso moral genuino, pero que chocan con una realidad financiera que se deteriora trimestre a trimestre.

La retirada de Estados Unidos de la OMS daña el centro mismo de la arquitectura sanitaria global, en el preciso momento en que decenas de países necesitan venir juntos a apoyar a los más vulnerables.

Un sistema financiado al límite: el colapso silencioso de 2025

Para entender la urgencia del llamamiento de 2026 es indispensable comprender lo que ocurrió el año anterior. En 2025, la OMS solicitó 1.500 millones de dólares para su respuesta humanitaria. Solo recibió 900 millones. Con ese presupuesto recortado, la organización y sus socios lograron apoyar a 30 millones de personas, administrar vacunas esenciales a 5,3 millones de niños, facilitar 53 millones de consultas de salud, sostener más de 8.000 centros sanitarios y desplegar 1.370 clínicas móviles en territorios donde ninguna otra red puede operar. Son cifras que impresionan, pero que deben leerse a la luz de lo que no se pudo hacer: según los propios datos de la organización, la financiación humanitaria global cayó en 2025 por debajo de los niveles registrados en 2016, lo que significó que únicamente un tercio de los 81 millones de personas originalmente previstas para recibir asistencia sanitaria humanitaria llegó a recibirla efectivamente. Dos de cada tres personas que debían ser atendidas no lo fueron. Ese es el costo real del déficit de financiamiento.

La situación en 2026 es potencialmente más grave todavía. Según los datos consolidados de la ONU, se estima que 239 millones de personas necesitarán asistencia humanitaria urgente durante este año, un aumento significativo respecto a cualquier cifra de la última década. Los conflictos prolongados en el Sahel, el Cuerno de África, Oriente Medio y Europa oriental; los desastres climáticos que se intensifican con la aceleración del calentamiento global; y los brotes infecciosos que encuentran terrenos fértiles en poblaciones desplazadas y desnutridas confluyen en una tormenta perfecta de necesidades sanitarias. Al mismo tiempo, la financiación humanitaria global se contrae: países europeos como Francia, el Reino Unido y Alemania han anunciado o aplicado recortes en su ayuda oficial al desarrollo, y el sistema onusiano de respuesta enfrenta la paradoja de operar con menos recursos en el año en que más los necesita.

Emergencias Grado 3 activas en 2026 • Prioridades de respuesta OMS

Zonas de conflicto activo: Gaza y territorio palestino ocupado, Sudán, Ucrania, Yemen, Siria, Myanmar, Somalia, Sudán del Sur.

Crisis prolongadas y colapso sistémico: Afganistán, República Democrática del Congo, Haití.

Brotes epidémicos transfronterizos: Cólera (múltiples países de África y Asia), Mpox (brote multi-país en curso, 64.º informe de situación, marzo 2026).

Nota editorial: La OMS coordina actualmente la respuesta sanitaria en 24 crisis humanitarias activas, trabajando con más de 1.500 socios y organismos asociados.

La retirada estadounidense: consecuencias estructurales para la salud global

El factor que transforma un déficit crónico en una crisis estructural es la retirada formal de Estados Unidos de la OMS, materializada el 20 de enero de 2026. Históricamente, Washington fue el mayor contribuyente individual a la organización, aportando tanto las cuotas obligatorias de membresía como contribuciones voluntarias que en el bienio 2022-2023 sumaron 1.284 millones de dólares, equivalentes a entre el 14% y el 20% del presupuesto total de la OMS según el año. Su salida deja una brecha que no puede ser cubierta de forma inmediata por ningún otro actor. La OMS ha señalado, en su comunicado oficial, que lamenta profundamente la decisión y la califica de perjudicial tanto para Estados Unidos como para el mundo. El director Tedros fue más explícito en declaraciones informales, describiendo los recortes abruptos en la ayuda humanitaria global como la perturbación más grave de los sistemas sanitarios desde el pico de la pandemia de COVID-19.

El impacto de esta retirada no se limita al presupuesto central de la OMS. La desarticulación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), ejecutada durante 2025 con la cancelación de más del 80% de sus programas, ha producido consecuencias humanitarias documentadas en múltiples regiones. Análisis publicados en revistas académicas con revisión por pares estiman que los programas de PEPFAR —el plan de emergencia estadounidense contra el VIH/SIDA— que quedaron suspendidos o cancelados podrían estar asociados a cientos de miles de muertes adicionales, principalmente en África subsahariana, donde muchos países dependían de esa financiación para entre el 50% y el 60% de sus servicios de tratamiento antirretroviral. En América Latina, la interrupción es igualmente documentada: programas de prevención del VIH en El Salvador fueron suspendidos, la distribución de profilaxis preexposición en Guatemala quedó paralizada, y en Haití y Jamaica —donde PEPFAR financiaba entre el 50% y el 60% de los servicios— los programas han sido severamente impactados. El paralelismo con la situación de otras enfermedades trazadoras, como la tuberculosis y la malaria, sigue el mismo patrón.

Hemos sido forzados a una triaje de la supervivencia humana. Las matemáticas son crueles y las consecuencias desgarradoras.

— Tom Fletcher, Coordinador de Alivio de Emergencia de la ONU, 2025

El reequilibrio geopolítico de la salud mundial y el papel de China

La retirada de Estados Unidos no ocurre en un vacío: produce un reequilibrio del poder dentro de la OMS que tiene consecuencias de largo plazo para las prioridades de la organización y para la orientación de sus programas. En la Asamblea Mundial de la Salud de mayo de 2025, último gran acto multilateral antes de la formalización de la retirada estadounidense, China anunció un incremento de sus contribuciones voluntarias a la OMS por valor de 500 millones de dólares durante los próximos cinco años. Este compromiso convierte a Beijing, prácticamente de la noche a la mañana, en el mayor contribuyente nacional a la organización, desplazando a Washington de un puesto que había ocupado durante décadas. Los analistas de salud global han señalado que este cambio no es solo financiero, sino programático: cualquier potencia que lidera el financiamiento de una organización multilateral tiende a ejercer influencia sobre sus prioridades, su agenda de investigación y sus marcos normativos. La OMS, que por estatuto debe ser imparcial y servir igualmente a todos sus 194 estados miembros, se encuentra ahora en el delicado ejercicio de mantener esa imparcialidad en un contexto en que su equilibrio financiero ha sido fundamentalmente alterado.

Ante este panorama, la respuesta de la comunidad internacional ha sido heterogénea. Algunos países europeos —Irlanda, Noruega, Alemania— han reafirmado su apoyo a la OMS mediante financiamiento flexible y no condicionado, que es el tipo de aporte que la organización valora más porque le permite asignar recursos donde la necesidad es mayor sin restricciones de los donantes. El Acuerdo Pandemias de la OMS, adoptado en 2025, establece un marco para la cooperación entre gobiernos, agencias internacionales y filantropías en respuesta a futuros eventos pandémicos, aunque Estados Unidos no lo suscribió. El Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF), gestionado por la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, continúa operando como mecanismo de financiación de respuesta inmediata, pero sus recursos son considerablemente menores que los requerimientos actuales. La ecuación es simple y brutal: las necesidades crecen, los recursos disminuyen, y la brecha resultante se mide en vidas humanas.

América Latina: zona de atención que no figura en los titulares

El debate sobre la respuesta de emergencia de la OMS en 2026 tiende a concentrarse, comprensiblemente, en los conflictos más visibles: Gaza, Sudán, Ucrania. Pero América Latina y el Caribe vive sus propias emergencias sanitarias silenciosas que merecen un análisis periodístico riguroso. Haití sigue siendo el caso más agudo de la región: con 1,3 millones de personas desplazadas internamente por la violencia de las bandas armadas, 217.000 niños identificados con desnutrición severa aguda y un sistema sanitario al borde del colapso total, el país recibió en julio de 2025 menos del 9% de los 908 millones de dólares necesarios para su respuesta humanitaria. La situación en 2026 no ha mejorado sustancialmente. La interrupción de los programas financiados por USAID y PEPFAR en el Caribe y Centroamérica agrava un panorama ya frágil, especialmente en lo que respecta al VIH/SIDA, la salud materna e infantil y la vigilancia epidemiológica de enfermedades emergentes. La región, que no figura entre las prioridades más visibles de la respuesta humanitaria internacional, enfrenta el riesgo de perder silenciosamente décadas de avances en salud pública que costaron generaciones construir.

La pregunta más urgente que los sistemas de salud latinoamericanos deben hacerse ante este escenario no es retórica sino operativa: ¿qué mecanismos de respuesta propios, regionales y sostenibles puede construir la región para reducir su dependencia de una arquitectura de salud global que está siendo rediseñada por fuerzas geopolíticas que no incluyen necesariamente los intereses de los países de renta media? La OPS —Organización Panamericana de la Salud—, brazo regional de la OMS, mantiene una estructura técnica robusta y una presencia en los países que ningún otro organismo puede igualar en la región. Sin embargo, su capacidad de respuesta depende, en última instancia, de los mismos flujos financieros internacionales que están siendo restringidos. La respuesta a esa pregunta no puede ser únicamente institucional: requiere que los gobiernos, las sociedades civiles y los sistemas académicos de América Latina eleven el umbral de atención que dedican a la gobernanza de la salud global, porque las decisiones que se toman en Ginebra y Washington tienen consecuencias directas y medibles en la vida de las personas más vulnerables de nuestra región.