Redacción PamiSalud Abril 18 2026 |  |
Ciudad de México, 18 de abril de 2026. –Hubo un tiempo que para millones de mexicanos sigue siendo el presente, en que llegar a urgencias sin credencial del IMSS o del ISSSTE significaba enfrentarse a una sola respuesta: "aquí no te podemos atender." Esa realidad, brutal y documentada, está en el centro del decreto de Servicio Universal de Salud que el gobierno federal mexicano impulsa en abril de 2026 y que establece, por primera vez de forma vinculante, que ningún hospital público del país podrá negar atención de emergencia, tratamiento oncológico de mama o protocolos de urgencia cardiovascular y neurológica a ninguna persona, independientemente de si tiene o no seguridad social. No es una promesa de campaña ni un programa piloto: es una obligación del Estado mexicano frente a sus ciudadanos, y su alcance podría cambiar la vida de los más de 35 millones de personas que hoy viven sin cobertura médica formal. La pregunta que queda sobre la mesa no es si el decreto es necesario, lo es, de manera urgente, sino si el sistema de salud tendrá la capacidad real de cumplirlo.
El decreto establece con claridad qué servicios quedan garantizados de forma universal y gratuita en toda la red pública de salud del país. En primer lugar, las urgencias médicas de cualquier tipo, que deberán ser atendidas de inmediato sin que el personal de salud pueda exigir documentos de afiliación como condición para iniciar el tratamiento. En segundo lugar, el llamado Código Infarto, que es el protocolo de atención para pacientes que llegan con un evento coronario agudo y que requiere activación inmediata de salas de hemodinamia y equipos especializados, cuyo costo ha sido históricamente inaccesible para quienes no cuentan con cobertura del IMSS o el ISSSTE. En tercer lugar, el Código Cerebro, protocolo diseñado para tratar de forma urgente los accidentes cerebrovasculares conocidos como "derrames", dentro de la ventana de tiempo crítica en que el daño neurológico puede reducirse de forma significativa. Y en cuarto lugar, la detección y el tratamiento del cáncer de mama, una de las principales causas de muerte entre mujeres mexicanas, cuya atención ha dependido durante décadas de si la paciente contaba o no con afiliación formal al sistema. De acuerdo con información oficial, todos estos servicios serán gratuitos, sin copago y sin que la falta de derechohabiencia sea un obstáculo legal para recibirlos.
Para entender por qué este decreto representa un cambio estructural y no un ajuste menor, hay que dimensionar el problema que pretende resolver. México tiene uno de los sistemas de salud más fragmentados de América Latina: por un lado, el IMSS y el ISSSTE atienden a trabajadores formales y sus familias; por el otro, el sistema de salud pública encabezado por la Secretaría de Salud y sus redes estatalesatiende, en teoría, al resto de la población. En la práctica, esa segunda red ha operado durante décadas con presupuestos insuficientes, infraestructura deteriorada y una saturación crónica que convierte cada consulta en una espera y cada emergencia en una apuesta. Según reportes recientes en el país, una parte significativa de las muertes evitables por infarto o por derrame cerebral en México ocurre no porque no existan los tratamientos, sino porque el paciente llega tarde o porque el hospital que recibe el caso no tiene los recursos para activar el protocolo adecuado. A eso se suma la desigualdad geográfica: en estados como Guerrero, Chiapas u Oaxaca, el acceso a un hospital con capacidad de Código Infarto o Código Cerebro puede implicar horas de traslado, lo que vuelve el tiempo, el recurso más crítico en una emergencia, un privilegio de quienes viven en las ciudades grandes.
Lo que hace especialmente relevante este decreto es que no habla únicamente de quién tiene derecho a atenderse, sino de cómo el Estado asume la responsabilidad de garantizar ese derecho en la práctica. Durante años, la narrativa oficial sobre la salud universal en México estuvo asociada a programas como el Seguro Popular o, más recientemente, al IMSS-Bienestar, que han ampliado la cobertura nominal pero no siempre han resuelto el problema del acceso real. Un paciente puede estar "afiliado" a un sistema de salud y aun así no recibir atención porque el centro de salud más cercano no tiene médico ese día, porque el medicamento prescrito no está en el cuadro básico o porque la especialidad que necesita no existe en su municipio. El decreto de Servicio Universal de Salud apunta a un nivel distinto: no a la afiliación, sino a la atención efectiva. Obliga a los hospitales a actuar, a los protocolos a activarse y al sistema a responder. Eso, en el contexto del sistema de salud mexicano, es una declaración con consecuencias institucionales profundas, porque implica que el incumplimiento ya no podrá justificarse con la falta de credencial del paciente.
"En México, el derecho a la salud no puede seguir dependiendo del trabajo que tienes o del estado en que naciste."
Hacer realidad la atención universal en México no es una tarea administrativa: es una transformación que requiere inversión sostenida, voluntad política de largo plazo y un cambio cultural dentro del propio sistema de salud. El decreto aprobado en abril de 2026 es un paso necesario y valiente, pero su valor real se medirá en los próximos meses y años, cuando llegue al hospital el primer paciente sin seguro social con un infarto agudo en una ciudad del sur del país y el equipo de guardia tenga o no los insumos, el equipo y la capacitación para activar el Código Infarto sin dudar. Se medirá cuando una mujer de 40 años en una comunidad semirrural llegue con un nódulo mamario sospechoso y el sistema la derive, sin cobrarle y sin perder semanas, al servicio de oncología correspondiente. Se medirá, en última instancia, en vidas que se salven donde antes se perdían. México lleva décadas prometiendo salud para todos. Lo que cambia ahora es que esa promesa tiene, por primera vez, el peso de un decreto que obliga. El reto es que el sistema esté a la altura de lo que firmó.
